La nueva ley asigna dinero a varias jurisdicciones de EE. UU. azotadas por desastres, incluyendo $600 millones adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y otros $331 millones en fondos CDBG-DR para mitigación en Puerto Rico.  

Sin embargo, la medida contiene restricciones para desembolsar el dinero que no solo aplican a los nuevos $331 millones, sino también a otros $8,200 millones que estaban aprobados, pero no desmbolsados.

En concreto, este dinero no estará disponible hasta que la Administración Rosselló no someta estimados de daños para las obras a ser financiadas que sean aceptables para la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). Ese proceso ha corrido sumamente lento y, de no llegarse a un acuerdo con lo sometido por la Administración, los estimados serían los que produzca FEMA y a los que el Gobierno de Puerto Rico se tendría que allanar. 

En febrero de 2018 a Puerto Rico se le asignaron $18,000 millones en fondos CDBG-DR mediante la aprobación de la Ley 115-123. Cerca de $9,700 millones están destinados para la recuperación de viviendas, negocios e infraestructura seriamente afectada por los huracanes y $8,200 millones para labores de mitigación. 

Aunque los $9,700 millones están aprobados, solo se han autorizado los primeros $1,500 millones. Los $8,200 millones de mitigación están en espera de que HUD publique la notificación en el registro federal sobre su uso. Un trámite reglamentario que otorga tiempo al Gobierno de Puerto Rico para someter el Plan de Acción sobre los proyectos que desarrollará con ese dinero.

Para el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, estas restricciones son parte de los procedimientos y reglamentos internos de ambas agencias federales, pero admitió que forman parte de los factores que han dilatado el proceso de desembolso de fondos. 

El Secretario aseguró que las restricciones contenidas en la medida aprobada este jueves no aplican a los $8,200 millones ya aprobados, pero la realidad es que el documento tiene el mismo lenguaje para las dos partidas, la de $331 y la de $8,200. El lenguaje aparece en la página 62, para los $331 millones, y en la Sección 1102 para el resto.

Gil Enseñat explicó que el proceso de certificación de estimado de daños de FEMA es parte del acuerdo del Gobierno con la agencia cuando se acogieron a la sección 428 de la Ley Stafford que permite el uso de estos fondos para construir de forma más resiliente. Aunque el proceso es más lento porque debe contar con la preaprobación de FEMA, permite realizar proyectos de mejoras y construcción más resistentes y de haber un sobrante, el Gobierno puede reasignar esos fondos a otros proyectos. 

Este proceso debe estar completado el 11 de octubre de 2019, aunque ha trascendido que está bastante atrasado. Si la Administración Rosselló no puede producir los estimados para octubre, se tendría que allanar a lo que estime FEMA.

Ante la lentitud, el Secretario de Vivienda dijo que “el Gobierno ha pedido que se permita validar los estimados de daños por profesionales como arquitectos e ingenieros de Puerto Rico para agilizar (el proceso de autorización de proyectos)”. Se ha pedido, pero hasta ahora no ha sido concedido.

Además, el nuevo estatuto ordena al Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD por sus siglas en inglés) a publicar dentro de 90 días la notificación en el Registro Federal sobre cómo se van a utilizar los $8,200 millones aprobados en febrero para trabajos de mitigación, así como los $331 millones adicionales otorgados recientemente.

El lenguaje aprobado advierte que antes de desembolsar los fondos, HUD debe establecer controles financieros internos que aseguren el buen uso de los fondos y eviten duplicidad de beneficios “para garantizar el gasto oportuno de los fondos, para mantener sitios ‘web’ completos con respecto a todas las actividades de recuperación de desastres asistidas con estos fondos, y para detectar y prevenir el desperdicio, el fraude y el abuso de fondos”.

Finalmente, Gil Enseñat calificó como un procedimiento ordinario que se condicione el desembolso de los fondos a que los gobiernos locales establezcan controles internos ya que esta disposición aplica a todos los fondos federales del HUD para cumplir con requisitos impuestos por la Oficina del Inspector General. Sin embargo, en dos partes distintas, la ley aprobada insiste en estos controles de una manera que no denota que sea rutinario.

Source: Noticel

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