5dcb4aafeddc7.image.jpg

El estado comatoso que sufre nuestra infraestructura pública – según diagnosticado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) – debe obligar al gobierno, a la Junta de Control Fiscal, a las agencias federales y al sector empresarial a adoptar una nueva hoja de ruta hacia el rescate de la obra pública del País.

Lo responsable sería obrar en esta dirección, conscientes de los retos a corto, mediano y largo plazo que tiene que afrontar el País para dejar atrás el estancamiento económico de más de una década.

Con el relanzamiento de una infraestructura cimentada en estándares modernos, estaríamos verdaderamente apostando a la construcción de bases más sólidas para el desarrollo y la competitividad.

Con el estado crítico – y en gran medida inservible – de nuestra infraestructura, sería muy cuesta arriba (para no decir imposible) que el País pueda primero satisfacer las necesidades de su gente a la vez que se inserta, en buena lid, en la dinámica de la economía global.

En esto es que nos tiene que poner a pensar – y en consecuencia llevar a actuar – el estudio de la Sociedad Americana de Ingenieros, reseñado en su edición de ayer por EL VOCERO y según el cual ningún renglón de nuestra infraestructura crítica supera la “D” como calificación. Y estamos hablando de la infraestructura de agua potable, las represas, de aguas residuales, los puertos, el sistema de carreteras, los puentes, las plantas de desperdicios sólidos y otras. En una situación más grave figura el complejo energético, llevado a nivel catastrófico tras el paso del huracán María y cuya calificación ha sido de F, por sus “condiciones inaceptables” y sus signos “avanzados de deterioro”.

Claro, un deterioro que solo refleja el daño acumulado sobre una infraestructura sometida al abandono, a la falta de mantenimiento y sin actualización, por muchos años antes de la llegada de este huracán.

Así hemos llegado a la desastrosa fragilidad de un sistema energético obsoleto y cada vez más vulnerable; y a una Autoridad de Energía Eléctrica sin norte, que no acaba de arrancar ni en la parte operacional ni en lo que respecta a las políticas de transparencia.

Por otro lado, según la evaluación, el 97% de las represas del País tienen un potencial de “alto riesgo”, con lo que, a su vez, ponen en peligro vidas humanas.

También en términos de la costo efectividad, es gravísimo el hecho de que – según el estimado – entre el 40% y el 60% de la capacidad de almacenamiento de agua se pierde debido a la sedimentación acumulada. Y más aun, el 58% del agua que es servida a los usuarios se pierde también, como efecto directo de tuberías rotas, desbordamientos y otros defectos del sistema.

Al conjugar todas las variables del estudio, vemos los elementos para activar una emergencia en cuanto a la inversión en nuestra infraestructura.

De hecho, los conductores del estudio concluyen que para alcanzar una infraestructura resistente y moderna que sostenga el desarrollo y la competitividad, el País requiere desde ya una inversión de unos $2,300 millones o lo que serían $23,000 millones en un periodo de 10 años.

Como planteara el presidente de la sección de la ASCE en Puerto Rico, el ingeniero Héctor J. Colón, para lograr esto es necesario “que todos, incluido el gobierno federal, den un paso adelante”.

Los fondos necesarios deben ser autorizados y liberados, con la garantía de que serán invertidos con toda transparencia y siguiendo el orden de prioridades que nuestro país exige.

Source: elvocero.com

Leave a Reply

Pin It on Pinterest