El Icse auspició un foro en el Congreso sobre el futuro energético de Puerto Rico

Washington – En un foro en el Congreso en que se avivaron las críticas al acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (Icse) anunció ayer que forman una alianza con grupos del sector privado para impugnar judicialmente esa transacción.

“Estamos comenzando esa discusión”, dijo el director ejecutivo del Ipse y representante del cliente ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa.

Según Torres Placa, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al pedir aprobar un acuerdo – RSA, por sus siglas en inglés-, que aumentaría en 28% la tarifa de la electricidad, no han presentado ningún estudio sobre su impacto económico ni como mitigarían ese incremento.

“Ese acuerdo toma excepción de 17 leyes, planes y regulaciones fundamentales en el marco legal de Puerto Rico como la ley de procedimiento administrativo uniforme, la ley de contabilidad, el código bancario y, sobre todo, como lo es la ley 17 sobre la nueva política energética. Estamos buscando consenso entre diversas organizaciones para tomar acción (judicial), como lo hicimos en el 2016 con el acuerdo de Lisa Donahue”, sostuvo Torres Placa.

Mientras el gobierno dice que la conversión de unidades generatrices a plantas de gas natural y otras iniciativas ayudarán a mitigar el aumento de 28%  en las tarifas de la AEE que expertos prevén provocará durante la próxima década el RSA, “lo único que tenemos seguro es un incremento” de seis centavos kilovatio hora (c/kWh) en las tarifas, agregó Torres Placa.

El gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 7 de junio para someter al Negociado de Energía el Plan de Recursos Integrado que explique cómo la AEE se propone bajar los costos de energía. Mientras que el RSA- un pacto con el grupo Ad Hoc-AEE y la aseguradora municipal Assured Guaranty -puede ir a una audiencia ante la jueza Laura Taylor Swain, del tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa, ese mismo mes, sostuvo Torres Placa.

“No he visto ningún plan que detalle cómo van a mitigar el aumento”, dijo, por su parte, la analista Cathy Kunkel, del Instituto de Economía y Análisis Financiero en Energía (IEEFA, en inglés), otra de las participantes en un foro auspiciado por el Ipse en un salón de la Cámara de Representantes.

Bajo el RSA, la AEE impondría un cargo de transición que para 2044 alcanzaría los 4.552 centavos por kilovatio hora (c/kWh), lo que representa un incremento del acuerdo rechazado en 2018, cuando se fijó en 4.348 (c/kWh). Mientras el cargo de transición es más alto, sin contar otros impuestos que establece el acuerdo, el recorte de la deuda de $9,000 millones es similar al alcanzado hace unos 10 meses: 32.5%, aunque puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE.

En términos del recorte de la deuda, lo único que debe haber variado es el nivel de las facturas de los consultores, sostuvo la directora de la oficina de Washington del Centro para una Nueva Economía (CNE), Rosanna Torres.

En el foro, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), afirmó que en sus reuniones en Puerto Rico y Washington con diversos sectores de la Isla lo que “recibo consecuentemente del ciudadano es desconfianza”

“No confían que se les haya ofrecido toda la información” ni que las autoridades federales o locales tengan como primer objetivo el interés público, dijo Grijalva, quien ha criticado el RSA y prepara legislación sobre la AEE y posibles cambios a la ley Promesa.

Tanto Kunkel como Roy Torbert, del Instituto Rocky Mountain, cuestionaron además los planes del gobierno de Puerto Rico para hacer una inversión de dinero significativa en gas natural, si verdaderamente quiere alcanzar un 100% de energía renovable de cara a 2040.

Para Torbert, lo más audaz de la política pública energética del gobierno de Puerto Rico no es lograr el 100% en 21 años, sino aumentar del 2% actual a 40% para 2024. La conversión de plantas de combustible a gas natural puede ser una transición, pero la AEE no puede quedarse estancada en esa fuente energética, dijo Grijalva.

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