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Gremios periodísticos piden cambios a las leyes de transparencia y datos abiertos

By November 22, 2019 December 10th, 2019 No Comments

Las organizaciones se reunieron con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y acordaron entregarle recomendaciones para mejorar ambos estatutos

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club piden a la gobernadora Wanda Vázquez que deje sin efecto la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Abiertos, firmadas por Ricardo Rosselló antes de salir del poder y que ponen trabas a la prensa.

Directivos de los gremios periodísticos del país se reunieron hoy, viernes, con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien le expresaron que las nuevas leyes de transparencia y datos abiertos deben ser derogadas o, en su defecto, enmendadas para garantizar el acceso a información pública.

Ambos estatutos fueron firmados por el exgobernador Ricardo Rosselló el pasado 1 de agosto, un día antes de que su renuncia se hiciera efectiva.

Según la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club of Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tanto la Ley 122 de Datos Abiertos del Gobierno como la Ley 141 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de la Información Pública ponen tranquillas, no solo a la labor periodística, sino también a las gestiones de cualquier ciudadano, entidad sin fines de lucro o empresa privada.

Fue una reunión muy buena. La gobernadora está abierta a las recomendaciones. Es la primera de una serie de reuniones que tendremos para recoger recomendaciones de cómo mejorar las legislaciones, sobre todo, la cultura en las agencias sobre transparencia y acceso a la información”, dijo en conferencia de prensa la presidenta de Asppro, Damaris Suárez, a la salida del cónclave.

En la reunión, agregó, se acordó que la primera ejecutiva dará una directriz para que, en cumplimiento con las leyes, en cada agencia y corporación pública se identifique, al menos, una persona para que ofrezca los datos cuando se soliciten. Dicha persona confirmaría, por ejemplo, si se recibió la petición de información, si los datos están disponibles inmediatamente y si pueden entregarse antes del plazo estipulado de 10 o 15 días.

“Tiene que ser una persona que entienda el proceso de solicitud de datos. Le hicimos claro a la gobernadora que el acceso a la información no nos pertenece a nosotros, los periodistas, sino a la ciudadanía, y estas legislaciones afectan solicitudes de información de cualquier persona en todo el país”, recalcó Suárez.

“Entendemos que estas leyes tienen que ser derogadas, pero obviamente sabemos que hay un camino por andar y, en aras de eso, vamos a continuar la conversación con La Fortaleza”, añadió.

Las preocupaciones principales

Suárez, la directora ejecutiva de la Asppro, Leila Andreu, y la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, mencionaron, al menos, cinco preocupaciones de los gremios periodísticos con las leyes 122 y 141.

La primera de ellas es que se eliminó la disposición de que no hay necesidad de esperar para entregar información pública que sea de fácil acceso. La segunda es que se estableció un término para entregar los datos solicitados, que es de 10 días para las personas que viven en el área metropolitana de San Juan y de 15 días para quienes residen en el resto de la isla.

Las demás preocupaciones son que se creó una lista de 12 excepciones para no proveer información, que los recursos legales (“mandamus”) relacionados con ambas leyes tienen que radicarse en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y que se eliminó el inciso que obliga a las agencias y corporaciones públicas a mantener una “publicación proactiva” de documentos.

“Como están aprobadas, ambas leyes operan en contra de la transparencia. Tiene que haber una política pública definida desde La Fortaleza para que se instruya a los jefes de agencia a que se dé la información”, dijo Suárez.

“Aún aprobadas y con sus defectos, las agencias no están cumpliendo con las leyes. Hay una serie de cuestionamientos sobre los sistemas del gobierno, que las agencias no tienen acceso legal o que tienen deficiencias tecnológicas… una serie de escollos para cumplir con las leyes, incluso, como fueron aprobadas”, añadió Andreu.

Los gremios acordaron entregar por escrito sus recomendaciones sobre posibles enmiendas a las leyes 122 y 141.

 

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