Grupo de estudio considera que para 2021, los residentes de la isla pagarán $130 más anuales por la electricidad

Washington – El acuerdo preliminar de reestructuración (RSA) representará un desafío para el cumplimiento de la política pública energética que el gobierno de Puerto Rico estableció por ley el mes pasado y un costo muy alto para los residentes de la Isla, según expertos.

Entre ahora y el próximo verano, las tasas subirán un 13%”, 2.8 centavos por kilovatio, indicaron Cathy Kunkel y Tom Sanzillo, del grupo de estudio Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero(IEEFA), en una conferencia por internet.

Pero, a largo plazo, como han advertidos otros conocedores, el aumento puede alcanzar a largo plazo 4.6 centavos por kilovatio.

Kunkel, analista de asuntos energéticos y Sanzillo, director de Finanzas, publicaron un análisis para IEEFA en el que advierten que “para el hogar residencial promedio en Puerto Rico, que consume aproximadamente 400 kilovatios al mes, el acuerdo resultará en un cargo de más de $130 por año en el año fiscal 2021, que aumentará a casi $220 por hogar por año en el 2043”.

Kunkel y Sanzillo señalaron, además, que el acuerdo va en contra de la nueva política energética de Puerto Rico que persigue avanzar hacia un sistema eléctrico descentralizado, confiable, con tarifas que no excedan los 20 centavos por kilovatio y basado en un 100% en fuentes renovables.

Para garantizar que los residentes y las empresas que eligen generar su propia electricidad no son exentos de pagar la deuda heredada, cualquier cliente que instale su propia generación después del 30 de septiembre de 2020 deberá pagar el cargo de la deuda de toda la electricidad que compre en la red, así como por la electricidad producida por sus propios paneles solares”, afirmaron.

Pero, subrayaron que aunque “los clientes que instalen sistemas antes del 30 de septiembre de 2020 estarán exentos de pagar el cargo de la deuda por su electricidad autogenerada durante veinte años, después de ese tiempo pagarán más de 4 centavos por kilovatio hora por la electricidad generada por su propio equipo”.

La semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico anunciaron un acuerdo con el 51% de los acreedores de laAutoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la aseguradora de bonos Assured Guaranty para reestructurar la deuda de la corporación pública.

El acuerdo puede recortar un 32% del principal de la deuda por concepto de bonos de la AEE. No obstante, si las finanzas de la corporación pública mejoran, el recorte de principal se reduciría a 22%, pues los bonistas tendrían derecho a cobrar sobre una segunda serie de bonos como resultado de la transacción.

Kunkel sostuvo que el RSA “impone un alto legado de deuda y va a afectar las recaudaciones de la AEE” en los próximos años.

La nueva ley que establece la política pública energética y el marco regulatorio persigue que el sistema será 100% dependiente de fuentes renovables para 2050.

En la conferencia, Roy Torbert, del Instituto Rocky Mountain, sostuvo que el Plan de Recursos Integrados que fue rechazado por el Negociado de Energía todavía colocaba a la AEE dependiente de la importación de combustibles, en momentos en que la capacidad del sistema para enfrentar otro huracán “es frágil y preocupante”.

Rosanna Torres, directora de la oficina de Washington del Centro para una Nueva Economía (CNE), recordó, por su parte, que el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, dijo la semana pasada ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que si otro huracán como María azota la isla este año los resultados serían los mismos.

Torres resaltó además que el Departamento de Vivienda federal (HUD) sigue sin publicar la notificación que permitiría encaminar el proceso para solicitar los $1,932 millones que el Congreso asignó para ayudar a rehacer la red eléctrica.

Malu Blázquez Arsuaga, directora ejecutiva de ReImagina Puerto Rico, afirmó que aunque el Plan de Recursos Integrado fue devuelto a la AEE en febrero, estaba ya en incumplimiento con la política pública energética que aunque se oficializó el mes pasado, estaba encaminada desde finales de 2018.

“Es increíble que no estuviera alineado”, sostuvo Blázquez Arzuaga, cuya organización es la primera organizadora de una conferencia sobre el sistema energético que tendrá lugar en el Congreso estadounidense el próximo día 23.

El acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda de la AEE debe ser aprobado por el tribunal de quiebras que preside la jueza Laura Taylor Swain. También requiere el visto bueno de la Legislatura de Puerto Rico.

En su informe, los expertos de IEEFA afirmaron que si bien empresas que asesoraron al gobierno de Puerto Rico sobre la deuda de cerca de $9,000 millones de la AEE, han sido cuestionadas por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico y por el investigador independiente de la JSF, Kobre & Kim, el acuerdo preliminar de reestructuración “no hace ningún esfuerzo para responsabilizar a ninguna de las partes responsables”.

Source: El Nuevo Día

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