Supremo determina que Junta de Planificación incumplió con Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

 

vr-11-18-003reservasft.jpg
Mar Chiquita, en Manatí  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó restituir la clasificación a siete reservas naturales que la Junta de Planificación, bajo la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló, dejó sin efecto mediante varias resoluciones en 2017.

Las acciones de la Junta de Planificación también habían sido ratificadas por Rosselló en órdenes ejecutivas y revertían decisiones de la administración de Alejandro García Padilla —en 2016— que buscaban proteger esos lugares como reservas naturales y establecían planes de uso de terrenos para las mismas. En conjunto, las resoluciones incluían áreas naturales como Mar Chiquita, en Manatí; Finca Nolla, en Camuy; Río Camuy, en Hatillo y Camuy; Humedal Playa Lucía, en Yabucoa; Punta Cabullones, en Ponce; Punta Guilarte, en Arroyo, y Punta Petrona, en Santa Isabel.

La decisión, escrita por el juez asociado Luis Estrella Martínez, surgió luego de que los portavoces de Toabajeños en Defensa del Ambiente y del Comité Socio Cultural Comunitario Arizona San Felipe de Arroyo —Juan Camacho y Alberto Rubio Rodríguez, respectivamente— objetaran las resoluciones ante el máximo foro judicial de la Isla.

Los jueces del Supremo determinaron que la acción de la Junta de Planificación de desclasificar estas áreas como reservas naturales en 2017 incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del gobierno (LPAU). Sostuvieron que ese estatuto exige el cumplimiento por parte de las agencias administrativas con varios requisitos básicos al momento de aprobar, enmendar o derogar reglamentos. Los requisitos, según la sentencia, exigen notificar al público sobre la reglamentación que ha de aprobarse, proveer participación ciudadana y presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado.

“Surge del expediente que la Junta de Planificación no cumplió con ninguno de los requisitos para la aprobación de reglamentos”, lee la sentencia.

De igual manera, los jueces establecieron que la Junta de Planificación derogó las resoluciones de 2016 “bajo el pretexto de que las mismas habían sido aprobadas por motivo de fin de año y en virtud de un cambio de administración política”. El juez Estrella recordó que “paradójicamente” esa junta reconoció que las resoluciones de 2016 son reglas legislativas que requieren el cumplimiento con la LPAU y que “aceptó en varias ocasiones que las mismas fueron aprobadas conforme a estos requisitos procesales”.

No bajan la guardia

Ante la decisión del Supremo, el abogado y ambientalista Pedro Saadé manifestó a EL VOCERO que también se le restituyó la clasificación a la Reserva Agrícola de la Costa Norte. “La opinión del Supremo —que fue unánime y suscrita por el juez Estrella— básicamente decide que la junta (de Planificación) actuó ilegalmente al revocar estas reservas y —como fue ilegal la actuación— pues también significativamente el Supremo revocó la decisión del Apelativo”, expresó.

Advirtió, sin embargo, que la decisión se puede tomar como “un turno parcial porque hay que ver que la Junta de Planificación no quiera volver con la intención de revocar estas reservas”.

Saadé opinó que en Puerto Rico se consideran las reservas naturales como algo negativo desde la óptica económica. Esta perspectiva, según explicó, es producto de la colocación de la Junta de Planificación dentro de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Con esto, las decisiones sobre los documentos o evaluación de asuntos ambientales se hacen desde la óptica económica. “Esto es la creencia de dar un valor exclusivo o de sobremanera al llamado desarrollo económico”, afirmó.

Saadé agregó que los ciudadanos tienen que estar en alerta ante la inminente aprobación del Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración de la Deuda (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque además de aumentar la factura por el servicio de luz, también tendría un impacto en el ambiente, específicamente por los posibles impuestos a los sistemas de energía solar en la Isla.

Source: elvocero.com

Leave a Reply

Pin It on Pinterest